• El diputado planteó que se considere a las y los cuidadores, especialmente en condiciones de pobreza, como grupo de atención prioritaria en la política de desarrollo social.
Toluca, Estado de México.- Ante el desafío que representa para el Estado la organización social del cuidado, el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida (morena) propuso reconocer, apoyar y fortalecer a las mujeres y hombres que brindan asistencia no remunerada, en congruencia con el derecho al cuidado digno incorporado a la Constitución estatal en 2024.
Mediante una iniciativa de reforma a la Ley de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de México, el legislador planteó que las y los cuidadores —especialmente quienes se encuentren en condiciones de pobreza, exclusión o vulnerabilidad social— sean considerados como grupo de atención prioritaria en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de desarrollo social, tanto estatal como municipal.
Durante sesión deliberante, el diputado expuso que los cambios demográficos, el incremento en la esperanza de vida, la prevalencia de enfermedades crónicas y discapacidades, así como las persistentes desigualdades socioeconómicas, han generado una creciente demanda de cuidados para personas en situación de dependencia, con discapacidad, con enfermedad crónica, adultas mayores, así como niñas, niños y adolescentes.
Explicó que esta labor se realiza mayoritariamente en los hogares y es desempeñada de manera no remunerada por mujeres y hombres de distintas edades. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 78.1 por ciento de los hogares en México alguna persona requiere apoyo o cuidados. El grupo con mayor necesidad corresponde a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, seguido de la población adulta mayor.
Valdeña Bastida subrayó que el trabajo de cuidado ha sido históricamente invisibilizado y no siempre considerado de manera explícita en los procesos de planeación del desarrollo social, lo que ha colocado a las personas cuidadoras —particularmente adultas mayores— en condiciones de vulnerabilidad, no solo por su nivel de ingresos o contexto territorial, sino también por la responsabilidad permanente de brindar cuidados sin recibir remuneración.
Indicó que su propuesta fortalecería la planeación del desarrollo social al reconocer explícitamente a las personas cuidadoras como un grupo que enfrenta riesgos específicos y que puede ser sujeto de atención prioritaria en términos de política pública.
Finalmente, precisó que la iniciativa no crea derechos subjetivos nuevos, no establece prestaciones directas ni genera obligaciones presupuestales automáticas, ya que su aplicación estaría sujeta a la disponibilidad presupuestal y a los principios de progresividad y sostenibilidad financiera.