El Congreso del Estado de México declaró la constitucionalidad de la reforma al artículo 17 de la Constitución estatal, con la que se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La reforma garantiza su libre autodeterminación y autonomía para definir sus formas de gobierno, organización social, política, económica y cultural, así como preservar sus lenguas, tradiciones, patrimonio cultural y sistemas normativos.
También establece derechos relacionados con el acceso a la justicia, consulta previa, desarrollo integral, educación intercultural, salud, vivienda, presupuesto directo y protección de sus territorios y recursos naturales.
El decreto, aprobado por mayoría de ayuntamientos, incluye el reconocimiento de comunidades afrodescendientes y fue validado mediante consultas públicas realizadas en 48 municipios mexiquenses con presencia indígena y afromexicana.