Por: Víctor Yáñez
Alcaldes: entre la urgencia local y el control federal
Los alcaldes del Estado de México trabajan a marchas forzadas. No por gusto, sino porque el gobierno federal decidió cambiar las reglas de operación para la aplicación de los recursos federales, lo que ha generado un retraso de al menos 60 días en los proyectos de obra pública municipal.
Mientras tanto, la temporada de lluvias avanza, y con ella se complica cada día más el desarrollo de obras. Sin embargo, ningún alcalde ha tenido el valor de reconocer públicamente que los tiempos los están rebasando. Guardan silencio, quizá por miedo o por disciplina política, mientras en los hechos la ejecución está empantanada.
La ciudadanía no pide discursos, exige resultados: electrificación, pavimentaciones, drenaje, agua potable, aulas, arcotechos, bardas perimetrales. Lo básico para la vida digna en las comunidades. Pero no hay manera de avanzar si desde la Ciudad de México todo se centraliza, se controla y se aprueba a cuentagotas.
Hoy más que nunca, los 125 alcaldes están bajo la lupa. Ya no importa si son verdes, rojos, amarillos o guindas. El color no tapa el bache ni lleva el agua al grifo. Si no cumplen, la gente se los va a cobrar en las urnas.
Algunos alcaldes han intentado romper la parálisis. Jaime Mercado Chávez, por ejemplo, ha anunciado el arranque de 30 obras solo en julio. Carmen Albarrán, en Donato Guerra, dio el banderazo a 12 obras en un solo día, todas en materia educativa y de infraestructura básica. Jaime Torres Marín, en San Felipe del Progreso, supo adelantarse y logró que le aprobaran ya varios proyectos.
Pero ¿qué pasa con los demás? La mayoría apenas está esperando a que la Secretaría de Bienestar dé el visto bueno a sus proyectos. Y eso puede tardar meses, si no es que ni siquiera llegan a revisión.
Hagamos cuentas: si cada ayuntamiento presentó un promedio de 300 proyectos ejecutivos, eso significa que en el Estado de México hay al menos 37,500 expedientes esperando respuesta. ¿Tiene Ariadna Montiel, titular de Bienestar, el personal, el tiempo y la infraestructura para procesarlos todos?
Y no olvidemos que hay entidades como Oaxaca, Puebla, Veracruz, donde también hay decenas —o cientos— de municipios en espera. ¿De verdad alguien cree que el control absoluto desde la Federación es más eficiente?
La centralización está asfixiando a los municipios. Se prometió combatir la corrupción, pero lo que se está generando es ineficiencia, rezago y frustración social. Mientras los proyectos se archivan, la gente sigue sin agua, sin caminos, sin escuelas dignas.
¿De qué sirve tener recursos etiquetados si no se pueden ejercer?
¿De qué sirve una «transformación» que frena el desarrollo local?
¿De qué sirve tanto discurso si la burocracia sigue ganando la batalla?
Esa es la caída libre que nadie quiere reconocer.