• La iniciativa plantea cerrar un vacío legal para que autoridades estatales y municipales puedan prevenir, controlar y atender emisiones que afectan la calidad de vida.
Toluca, Estado de México. En sesión del pleno, el diputado de morena, Octavio Martinez Vargas presentó una iniciativa para reconocer de manera expresa la contaminación odorífera como una forma de contaminación atmosférica, a fin de dotar al marco legal de herramientas que permitan prevenir, vigilar y atender un problema que durante años ha afectado a comunidades sin contar con regulación específica.
La propuesta legislativa, impulsada por el legislador Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario de morena, plantea reformas y adiciones al Código para la Biodiversidad del Estado de México para definir la contaminación odorífera, establecer atribuciones a la Secretaría en la materia, fortalecer las facultades de los municipios y prohibir emisiones a la atmósfera que rebasen los límites permitidos en disposiciones aplicables.
La iniciativa parte de una realidad que miles de familias conocen de cerca: los olores intensos, persistentes y ofensivos que provienen de actividades industriales, agroindustriales, comerciales o de servicios no solo alteran la vida cotidiana, sino que también impactan el bienestar físico, emocional y comunitario.
El documento advierte que este tipo de emisiones ha sido históricamente subestimado, pese a que puede afectar la habitabilidad de las zonas urbanas e industriales y vulnerar el derecho a un medio ambiente sano.
Entre los principales argumentos de la propuesta, Octavio Martínez destacó que actualmente no existe una normativa que establezca límites máximos permisibles de olor, métodos de medición olfatométrica ni criterios técnicos claros para determinar la presencia de contaminación odorífera, lo que ha generado un vacío operativo para que las autoridades puedan medir, verificar y sancionar adecuadamente estas emisiones.
Durante la lectura de la iniciativa de ley, subrayó que, aun ante la ausencia de una norma oficial federal específica, el Estado de México sí puede avanzar en una regulación local con base en los principios de prevención, precaución y subsidiariedad, especialmente por su alta dinámica urbana e industrial.
En ese sentido, la propuesta no busca invadir competencias federales, sino complementar el marco jurídico vigente para atender una problemática real, cotidiana y hasta ahora insuficientemente abordada.
La iniciativa incluso recoge ejemplos concretos de afectaciones reportadas en municipios mexiquenses como Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla y Lerma, donde habitantes han manifestado inconformidad por olores intensos vinculados con procesos industriales, plantas de tratamiento, rastros y otras actividades, sin que existan mecanismos claros y objetivos para identificar responsables y actuar con eficacia.
Con esta reforma, el Congreso mexiquense abre la puerta a una discusión de fondo sobre una visión más amplia e integral de la justicia ambiental, pues sostiene justamente que el bienestar ambiental no se limita a la ausencia de contaminantes tóxicos, sino que también debe incorporar variables sensoriales que influyen directamente en la vida de las personas.