Ciudad de México, 1 de mayo de 2026. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que la democracia mexicana enfrenta uno de sus momentos más críticos, tras la designación de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, proceso que calificó como una “imposición” por parte del partido en el poder.
De acuerdo con el posicionamiento del PRI en el Estado de México, la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de Frida Denisse Gómez Puga, Blanca Yassahara Cruz García y Arturo Manuel Chávez López no respondió a criterios técnicos ni a un consenso plural, sino a una decisión política impulsada desde el gobierno federal.
El instituto político sostuvo que con estos nombramientos se rompe una tradición de acuerdos que durante años permitió preservar la credibilidad del órgano electoral. Además, acusó que el INE ha sido “cooptado” y que su autonomía constitucional está en riesgo.
En ese sentido, el PRI señaló que diversas resoluciones del Consejo General se han alineado con la presidencia del organismo, encabezada por Guadalupe Taddei, con excepciones —dijo— de consejeros como Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey.
“El árbitro electoral ha perdido su esencia como contrapeso y corre el riesgo de convertirse en una extensión del Gobierno Federal”, advirtió el partido, al tiempo que subrayó que la imparcialidad del instituto es fundamental para garantizar elecciones equitativas.
Asimismo, el PRI alertó sobre un “conflicto de origen”, al considerar que los perfiles designados podrían responder a intereses políticos, lo que —aseguró— comprometería funciones clave como la fiscalización de recursos y la organización de los comicios.
En este contexto, el partido reiteró que votó en contra de los nombramientos en la Cámara de Diputados y afirmó que no será “cómplice del debilitamiento institucional”.
Finalmente, hizo un llamado a la sociedad civil a mantenerse vigilante y participar en la defensa del voto ciudadano rumbo a las elecciones de 2027. El PRI adelantó que fortalecerá su estructura territorial a través de sus llamados “Defensores de México”, con el objetivo de proteger la voluntad popular en las urnas.