Dom. Jun 23rd, 2024

*-Más de 2 mil 500 servidores públicos estatales y municipales recibieron Programas Sociales.

Toluca, Estado de México.- El Informe de Resultados de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2022 elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) reveló operaciones contables por 851 millones de pesos (mdp) de instituciones del gobierno estatal con diversas empresas cuyos domicilios no fueron localizados, por lo que se presume una posible simulación, de acuerdo con las auditorías de cumplimiento financiero; además, en materia de programas sociales, se ubicó a más de 2 mil 500 servidores públicos estatales y municipales como beneficiarios sin cumplir con los requisitos.

En este primer encuentro con diputados de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, presidida por la diputada Evelyn Osornio Jiménez (PRI), para ahondar las observaciones halladas en el rubro estatal, Miroslava Carrillo Martínez, titular del OSFEM, explicó a diputadas y diputados que, sobre dichas operaciones contables, se identificaron adjudicaciones indebidas; incumplimiento de lineamientos y/o reglas de operación de programas; pago con recursos diferentes a los autorizados; y simulación de la ejecución de los trabajos.

Asimismo, ante la omisión para presentar información requerida –lo cual retrasó los trabajos de fiscalización– el OSFEM impuso medidas de apremio a la Comisión del Agua del Estado de México, al Instituto de Salud del Estado de México, el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa y a la Junta de Caminos del Estado de México.

Ante este escenario, detalló que se dio aviso al Servicio de Administración Tributaria por primera vez para ver los alcances que se puede tener a través de esta medida; además, compartió que dos mil 511 personas servidoras públicas del gobierno estatal y 85 de los ayuntamientos de Naucalpan, Atizapán y Tlalnepantla fueron beneficiadas con el programa Salario Rosa pese a que en las bases del programa se enfatiza que las personas beneficiarias deben dedicarse al hogar.

Añadió que a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra (actualmente Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura) se le detectaron la contratación de 42 obras, pero que fueron suspendidas tiempo después sin justificación alguna, por lo que se advierte una presunta simulación en su contratación y ejecución.

Entre las observaciones a los programas sociales destacan que las publicaciones de las convocatorias y registros de las y los solicitantes se realizaron el mismo día; que hubo entregas de apoyos sin cumplimiento de requisitos; que existieron integraciones de padrones sin respetar las normatividades aplicables; y que existen diferencias de datos en diferentes fuentes de información, entre otras cosas.

Detalló que las auditorías de cumplimiento financiero sumaron 419 observaciones, 235 a poderes públicos; 20 a órganos autónomos; 135 a organismos auxiliares del Poder Ejecutivo y 29 a los Programas Sociales, donde los entes más señalados fueron la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno estatal, la Secretaría de Finanzas (Dirección de Recursos Materiales) y la empresa Reciclagua S.A. de C.V., el Instituto de Salud y la Secretaría del Campo. En las auditorías de inversión física hubo 457 observaciones, con más incidencia en la CAEM, la anterior Secretaría de Obra Pública y la Junta de Caminos estatal.

En tanto que en las auditorías de desempeño hubo 184 observaciones, con la CAEM, la Universidad Digital del Estado de México y la Secretaría del Campo como los más señalados; y en las auditorías de legalidad hubo 130 recomendaciones y seis acciones y previsiones, con los entes con más observados a la Dirección General de Innovación de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría del Campo y la Secretaría de Desarrollo Social.

Las y los diputados Raúl Ponce Elizalde (Morena), Karla Aguilar Talavera y Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, del PRI; Sergio García Sosa (PT), María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) y Martín Zepeda Hernández (MC) expresaron algunas preguntas sobre el proceso de solventación de las observaciones y sobre el uso de un lenguaje en el informe que sea más digerible para la ciudadanía, mientras que la legisladora Evelyn Osornio invitó a trabajar en las dudas puntuales sobre el informe para que la auditora brinde respuestas y que este 22 de noviembre inicie el análisis de la cuenta pública de los municipios.