La LXII Legislatura aprobó por unanimidad la iniciativa del grupo parlamentario del PAN para sancionar el matrimonio infantil en el Estado de México.
Las penas podrán aumentar cuando el delito se cometa con violencia o en contra de menores con discapacidad, o pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas.
Toluca, Estado de México. Por unanimidad de votos, el Pleno de la LXII Legislatura del Estado de México aprobó la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Acción Naciona para fortalecer el tipo penal en contra del matrimonio infantil, mediante la reforma al artículo 204 del Código Penal estatal.
Axdecir del diputado Anuar Azar la modificación establece penas de cinco a diez años de prisión a quien obligue, procure, induzca, coaccione, solicite, gestione, oferte, ofrezca o facilite que una persona menor de edad contraiga matrimonio, concubinato, cohabitación forzada o cualquier relación de hecho con fines de vida en común, ya sea a cambio de dinero o de cualquier pago en especie.
Durante la presentación del dictamen, el legislador Anuar Azar Figueroa, destacó que la iniciativa busca proteger la dignidad, autonomía y derechos de niñas, niños y adolescentes, al erradicar prácticas que vulneran su infancia y desarrollo.
“El matrimonio infantil continúa afectando principalmente a las niñas en comunidades rurales e indígenas, donde aún persisten usos y costumbres que deben ser erradicados. Esta reforma reafirma nuestra visión humanista: las niñas y los niños son sujetos plenos de derechos, no objetos de intercambio”, subrayó el legislador.
La nueva redacción del artículo corrige ambigüedades que dificultaban la aplicación efectiva de la ley y fortalece las sanciones para eliminar vacíos legales que podían permitir la impunidad, expuso.
Además, se precisa que si los padres son quienes incurren en las conductas señaladas, se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión y de mil a cuatro mil días de multa.
Las penas podrán incrementarse hasta en una mitad cuando el delito se cometa con violencia, o en perjuicio de menores con discapacidad o pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas.
Con esta reforma, el Congreso mexiquense refuerza el marco jurídico de protección a la infancia, en concordancia con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y erradicación del matrimonio infantil.