Víctor Yáñez
•~ Punto de opinión
La decisión de retirar el artículo sobre revocación de mandato marca un giro político relevante dentro del llamado “Plan B” de la reforma electoral. Por un lado, como señala Ignacio Mier Velazco, esto cierra la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aparezca en la boleta de 2027, lo que reduce tensiones sobre el uso político de este mecanismo. Sin embargo, también evidencia que la reforma no llegó intacta, sino producto de negociaciones y presiones internas.
El hecho de que el Partido del Trabajo se haya desmarcado y anunciado su voto en contra deja ver fracturas dentro del bloque oficialista, algo que contrasta con la narrativa de unidad que suele proyectarse. Esto debilita el discurso de que se trata de una reforma plenamente consensuada.
Por otro lado, aunque se insiste en que no es una “reforma descafeinada”, lo cierto es que eliminar uno de los puntos más polémicos podría interpretarse como un intento de hacerla políticamente viable más que como una convicción de fondo. Es decir, más pragmatismo que transformación estructural.
En cuanto al contenido, medidas como la reducción de regidores, los topes presupuestales y la austeridad en órganos electorales pueden ser bien vistas por una ciudadanía cansada del gasto público excesivo. No obstante, también existe el riesgo de que, bajo el argumento de austeridad, se debiliten capacidades institucionales clave para garantizar elecciones equitativas.
En resumen, el “Plan B” avanza, pero no sin costos políticos: divisiones internas, ajustes estratégicos y cuestionamientos sobre si realmente fortalece la democracia o responde más a una lógica de control y eficiencia administrativa.