Ante los estragos económicos, sociales, culturales y políticos causados por la pandemia de COVID-19, el principio de la solidaridad es la directriz humana que debe movernos no sólo al interior de las naciones, sino entre los países, pues el ejercicio de los derechos humanos no debe ser privilegio de un grupo o sector, sino un patrimonio compartido por toda la humanidad, empezando por el derecho a la salud, coincidieron el ombudsperson Jorge Olvera García y el constitucionalista italiano Luca Mezzetti.
En la inauguración del 3er Congreso Internacional “Desafíos inéditos para los derechos humanos en el contexto de la pandemia COVID-19”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera señaló que ante una crisis que ha afectado el acceso y disfrute de los derechos y libertades se debe poner en el centro de la acción al ser humano, su dignidad y sus derechos, mientras que el catedrático de la Universidad de Bolonia, Italia, puntualizó que la protección de los derechos humanos frente al impacto de la pandemia no puede realizarse sin la cooperación de los Estados.
El presidente de la Codhem dijo que el virus arrebató la salud, la paz, el futuro y la esperanza; la humanidad y cada uno de los Estados no puede ser indolente, ni podemos evadir nuestra responsabilidad, ya que mostró que no hemos aprendido a convivir como humanos, a comportarnos con humanos ni a ser humanos.
El COVID-19 también mostró el rezago de la región de las Américas, lo endeble de los sectores de salud y educativo, la fragilidad de la economía y el empleo; despertó prácticas que queríamos dejar como la violencia contra la mujer, la desigualdad, exclusión, xenofobia, discriminación, y la criminalización a defensoras y periodistas.
Señaló que los organismos defensores de derechos humanos son más pertinentes que nunca, sobre todo en el espacio local, por ejemplo, la Codhem inició 5 mil 119 quejas en el marco de la pandemia por la afectación a derechos como la debida diligencia, a recibir atención médica y no ser sometido al uso desproporcionado de la fuerza pública.
Por su parte, el constitucionalista Luca Mezzetti subrayó, en conferencia magistral, que no es posible ni puede enfrentarse la pandemia, manejarla y superarla, sin la cooperación entre autoridades y la sociedad civil, y tampoco sin la cooperación internacional, usando todos los medios de colaboración que permite el marco normativo internacional.
Destacó que una de las primeras consecuencias de la pandemia es la fuerte polarización entre poderes como se observó en algunos países de la Unión Europea (UE); otra es la concentración de los poderes normativos, administrativos y financieros en los estados centrales y la contracción de los estados federados, por tanto, un nuevo desafío es regular en las Constituciones el estado de emergencia sanitaria y no solo tener categorías tradicionales del estado de sitio y estado de guerra.
“No hay una adecuada protección de los derechos humanos sin la solidaridad”, y ésta se manifiesta en el ámbito nacional, de personas que de manera total y gratuita asisten a otras, como las médicas y médicos que acuden a hospitales, las enfermeras que trabajan jornadas diarias de 15 a 20 horas, o quienes asisten a las mascotas de las personas que están hospitalizadas, o quienes llevan comida a quienes no pueden salir de casa.
Luca Mezzetti concluyó que “la protección de los derechos humanos significa proteger los derechos sociales de otras personas bajo el principio de solidaridad, y ésta es una oportunidad que la historia ofrece a la humanidad: rescatarse de tantos egoísmos y mentalidades cerradas municipalistas y superarlo”, por lo que confió en que las grandes empresas farmacéuticas que están creando la vacuna también sean solidarias, no pongan altos precios y la distribuyan de manera articulada a los países más pobres.
Por su parte, Jorge Olvera subrayó que la pandemia desconoce territorios y fronteras, por ello debe apostarse a la edificación de ideas y a la cooperación interinstitucional local, nacional e internacional; de ahí la importancia del congreso internacional que se lleva a cabo con la participación de 32 especialistas de Italia, España, Francia, Brasil, Argentina, Colombia y de varias entidades del país, quienes comparten su experiencia y perspectiva sobre los medios de defensa y protección a las personas más vulnerables.