Ciudad de México.- Después de aplazar durante varios días el envío de su iniciativa de reforma electoral por desacuerdos con sus aliados legislativos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remitió finalmente este miércoles el documento a la Cámara de Diputados, donde será discutido y votado en el pleno entre el 18 y el 23 de marzo.
La mandataria decidió enviar la propuesta sin el respaldo de los aliados, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), luego de que no se alcanzara un acuerdo en torno a dos puntos centrales: la nueva fórmula para elegir diputaciones plurinominales y el recorte a las prerrogativas de los partidos políticos.
La iniciativa presidencial contempla reformas a once artículos constitucionales, por lo que requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión para su aprobación. Hasta ahora, el proyecto cuenta con el respaldo de los 253 legisladores de Morena, mientras que sus aliados han manifestado públicamente su rechazo.
Recorte a financiamiento partidista
Uno de los aspectos que generó mayor tensión es la reducción del financiamiento público a los partidos, que pasaría de 65% a 48.75% del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
El documento establece que el 30% de los recursos se distribuiría de manera igualitaria entre los partidos, mientras que el 70% restante se asignaría conforme al porcentaje de votos obtenidos en la elección inmediata anterior de diputados federales.
Las dirigencias nacionales del PVEM y PT han rechazado que la distribución dependa del porcentaje de votación, y han planteado que el recorte sea uniforme para todas las fuerzas políticas, postura que Morena no ha respaldado.
Nueva fórmula para plurinominales
Otro punto de desacuerdo es la elección de 200 diputaciones por el principio de representación proporcional. La propuesta plantea la conformación de cinco circunscripciones electorales regionales, encabezadas alternadamente por mujeres y hombres en cada periodo, bajo el principio de paridad.
De acuerdo con el proyecto, 100 diputaciones serían asignadas a los candidatos que, sin haber ganado en sus distritos, obtuvieron los mejores porcentajes de votación dentro de su partido. Las otras 100 corresponderían a votación directa en cinco circunscripciones, incluyendo a los mexicanos residentes en el extranjero.
Asimismo, se propone que el Senado quede integrado por 96 escaños —eliminando 32 de representación proporcional— y que se establezcan mecanismos de coordinación entre autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera con la autoridad electoral nacional para salvaguardar la integridad de los procesos.
En cuanto al Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), la iniciativa contempla un rediseño de su estructura y organización, cuyos ajustes presupuestales se definirían en el próximo Presupuesto de Egresos.
Con el envío formal de la iniciativa, la discusión de la reforma electoral se perfila como uno de los debates legislativos más relevantes del actual periodo ordinario, en medio de la falta de consenso incluso dentro del bloque oficialista.
La iniciativa de reforma electoral fue recibida por Kenia López Rabadán en su calidad de presidenta de la legislatura federal.