Sáb. Abr 20th, 2024

Toluca, Estado de México.- En el Estado de México “vivimos en una situación de crisis en materia de derechos humanos” que se expresa en las personas privadas de su libertad injustamente, la desaparición de personas, la violencia contra las mujeres, la comunidad LGBT+ y los defensores del agua, de la naturaleza, de sus territorios y de las comunidades indígenas, sostuvo el diputado Max Agustín Correa Hernández (Morena).

Al encabezar la presentación de un Informe sobre la situación de Derechos Humanos en el Estado de México a cargo del Centro Zeferino Ladrillero, el legislador llamó al gobernador Alfredo del Mazo a que en los últimos días de su gobierno abra el diálogo con las y los familiares de las personas privadas de la libertad, además de que llamó al Poder Judicial para revisar casos de delitos graves que también están considerados en la Ley de Amnistía, para que se haga un acto de justicia y se aplique “la ley del indulto”, con la cual se ha logrado la liberación de casi 3 mil personas en delitos que no son de alto impacto.

En su momento, la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza (Morena) habló de la importancia de visibilizar las problemáticas que deja un gobierno neoliberal y señaló que persiste la falta de voluntad, sensibilidad, capacitación y empatía por parte de las autoridades y poderes involucrados en generar un bienestar social, pero, sobre todo, resaltó la importancia de designar el presupuesto necesario para ejecutar estas acciones.

También de Morena, la diputada Anais Miriam Burgos Hernández habló de la relevancia de continuar las políticas públicas que sean realmente diseñadas por las personas a quienes no les son garantizados sus derechos, como las comunidades indígenas y las injustamente presas.

En su oportunidad, Fabiola Vite Torres, coordinadora general de Centro de Derechos Humanos (CHD) Zeferino Ladrillero, explicó que el objetivo de este informe es visibilizar la situación en la que se encuentran los derechos humanos en la entidad, y para que los datos presentados (2018-2023) sean considerados por las y los tomadores de decisiones y representantes en el Poder Legislativo ante el próximo cambio de gobierno.

Ana Laura Peniche Peña, integrante del CDH, informó que la población económicamente activa alanzó los 7.8 millones de personas, (41% mujeres y 59% hombres) con un salario promedio mensual de 4 mil 120 pesos. Sin embargo, los costos de educación, salud, vivienda, alimentación, acceso a agua potable y transporte, representan una suma de 14 mil a 15 mil pesos mensuales.

Dijo que el Estado de México tiene, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares, un índice de 78.7 por ciento de violencia contra las mujeres, superando por 8 puntos porcentuales el índice nacional, y que la violencia ha aumentado 4 puntos, progresivamente desde el año 2016.

Mientras que, en 2022, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 100 municipios con mayor índice de violencia feminicida del país, 18 pertenecen al Edomex, sumando la entidad 78 feminicidios al mes.

Sobre las agresiones a personas defensoras de derechos humanos, y previo a tomar un minuto de silencia en nombre de ellas, Héctor Hugo Arreola Galván, también de Centro Zeferino Ladrillero, enumeró los casos de agresiones, detenciones arbitrarias e incluso asesinatos de estas personas en el Estado de México, entre estos, los de Kenia Hernández, Irving García, Grisel Pérez, Álvaro Arvizu. Informó que, de junio de 2021 a mayo de 2022, suscitaron 118 eventos violatorios a personas defensoras; estas mediante 307 detenciones arbitrarias, 28 ejecuciones extrajudiciales, y 19 desapariciones forzadas.

De 2000 a 2022, indicó, se contabilizaron 157 casos de periodistas asesinados en el país, 4 de ellos en el Estado de México; mientras que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del año 1964 a la fecha, se cuentan 46 mil personas desparecidas, convirtiendo al Edomex en la entidad con mayores problemas en el tema de desaparición. Dijo que en el Estado de México, 2 mil 658 personas desparecieron en 2022 y mil 99 seguían sin ser localizadas al finalizar el año.

También es la entidad con el mayor número de menores de edad desparecidos, con un registro de 3 mil 664 casos de 2015 a enero de 2022. Además, del año 2018 al 2020, 395 niñas y niños quedaron huérfanos debido a que sus madres fueron víctimas de feminicidio. Por otra parte, El Estado de México es la segunda entidad con mayor número de transfeminicidios, delito que no ha sido tipificado. En 2022 se contabilizaron 7 de estos delitos.

Angélica de Anda, de Amnistía Internacional recordó casos de agresiones por parte de las autoridades y llamó a la Fiscalía y a la Codhem a garantizar el acceso a la verdad a la justicia y a la reparación del daño de los activistas que sufrieron acoso y hostigamiento, mientras que Ricardo Ovando Ramírez, coordinador de la Red de Sistemas Comunitarios y Comités por la Defensa Del Agua (Escuelita del Agua), afirmó que es urgente modificar las políticas hídricas, ante la crisis que se vive en la entidad por la sobreexplotación de los acuíferos y las concesiones de proyectos inmobiliarios, parques y corredores industriales.

Por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Carlos Felipe Valdés, visitador general de Atención a Personas Privadas de la Libertad, refrendó su compromiso para seguir implementando mecanismos que coadyuven en la promoción y defensa de los derechos humanos.

Ricardo Torres de la Organización Fuera del Closet A.C. dijo que en 2021 se registraron 101 casos de discriminación a personas de la comunidad LGBTTTI+; en 2022, fueron cerca de 88 casos, y en lo que va del 2023, van 58 casos, principalmente violaciones por el servicio público, y en al ámbito laboral, ya que las empresas no tienen sanción alguna y se han librado del brazo de la justicia. Mencionó algunos pendientes, sobre todo, la acción de inconstitucional existente, que se debe modificar para garantizar el reconocimiento de las infancias trans.

Finalmente, una vocera de Haz Valer mi Libertad, denunció que, a 77 días de que iniciaron su protesta, las personas que luchan por la libertad de las personas presas inocentes han sido amenazadas, ignoradas y amedrentadas por las autoridades. Por lo que en un grito pidieron al gobernador y al presidente del Tribunal Superior de Justicia diálogo y libertad de sus hijos y familiares injustamente encarcelados.