El Parlamento Abierto del Secretariado Técnico para el Análisis de la Reforma Constitucional y el Marco Legal de la entidad (Sectec) respaldó la iniciativa del colectivo Las Constituyentes MX Feministas para declarar al Estado de México en estado de alerta, debido a que, de enero a junio de este año, ocupó el primer lugar nacional en feminicidios y delitos contra mujeres, como secuestro, extorsión, trata de personas, violencia de género y violación.
La iniciativa de reforma constitucional, expuesta por Fabiola Azucena Gutiérrez Guzmán ante la Comisión de Igualdad Sustantiva, Diversidad y Política de Genero, también propone sancionar la trata y explotación de personas, las ejecuciones, las desapariciones forzadas, los crímenes de odio, los feminicidios, transfeminicidios, bifeminicidios, lesbofeminicidios, la tortura, las penas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Además, pide la creación del Sistema Integral para la Prevención, Detección, Atención, Sanción y Erradicación de todo tipo de Violencias hacia las Mujeres y Niñas; que se reconozca constitucionalmente la contribución de las mujeres al desarrollo estatal y que las autoridades adopten las medidas necesarias para erradicar la desigualdad de género y la discriminación.
Ante Mauricio Valdés Rodríguez, coordinador general del Sectec, la ciudadana Lucía García Fierros subrayó la necesidad de implementar acciones ante el hecho de que, en 2020, los feminicidios se incrementaron 18.6% en la entidad y, de los 100 municipios con mayor violencia feminicida, 21 son mexiquenses.
Las y los parlamentarios ciudadanos también respaldaron otra propuesta del colectivo feminista, presentada por Lucía García, para que las autoridades prevengan, investiguen, sancionen y reparen las violaciones a los derechos humanos, así como resarcir a las víctimas cuando se trate de asuntos que no se hayan atendido mediante el protocolo de perspectiva de género.
Esta iniciativa también plantea que el Congreso local destine partidas presupuestales anuales que hagan efectiva su aplicación a través de un fondo administrado por los entes públicos responsables, del cual se designará un porcentaje para la capacitación del personal de los órganos jurisdiccionales a fin de eficientar la integración de los asuntos que tengan que ser abordados con perspectiva de género.
Durante los trabajos, presididos por la parlamentaria Jessica Rojas Alegría, también se respaldaron propuestas para redefinir los requisitos de quienes dirigen las unidades de género y para generar políticas públicas para la erradicación de la violencia de género; en tanto que resultaron con mayoría de disensos las iniciativas para la creación de leyes y modificación de ordenamientos relativas a la familia.