Víctor Yáñez/11-02-2026.
Toluca, Estado de México. Con el propósito de fortalecer la autonomía sindical y garantizar que las decisiones internas de los sindicatos se tomen sin presiones ni intervención de autoridades, el diputado de Morena, Rigoberto Vargas Cervantes, presentó una iniciativa para sancionar la injerencia de personas servidoras públicas en la vida interna de las organizaciones sindicales del Estado de México.
La propuesta, detalló Vargas Cervantes, busca adicionar el artículo 138 Bis a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con el fin de reconocer y proteger expresamente la autonomía sindical de trabajadores estatales y municipales, así como establecer consecuencias claras cuando exista intervención indebida desde el poder público.
El legislador de morena explicó que cuando una autoridad interviene —directa o indirectamente— en elecciones sindicales, en la administración de recursos o en decisiones internas, se distorsiona la representación y se debilita la democracia sindical. Por ello, la iniciativa pretende armonizar la legislación local con los estándares federales vigentes en materia de libertad y autonomía sindical.
De aprobarse, expuso Rigoberto Vargas, el nuevo artículo establecería que los sindicatos deben gozar de protección frente a cualquier acto de injerencia en su constitución, funcionamiento, administración y en el libre desarrollo de sus procesos electorales, incluyendo reglas de elegibilidad, reelección o destitución de dirigencias.
Además, la iniciativa precisa que cualquier contravención será considerada falta administrativa grave y se sancionará conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Entre los actos que se tipificarían como “injerencia sindical” se encuentran: coaccionar o inducir el voto a favor de determinada planilla; presionar a subordinados para apoyar o rechazar candidaturas; condicionar permisos, licencias o servicios a cambio de respaldo; ofrecer ascensos o estímulos por apoyo político; y utilizar recursos institucionales como fondos, bienes, personal, instalaciones, vehículos o redes para favorecer o perjudicar opciones sindicales.
Asimismo, el diputado de morena dijo que la propuesta contempla adicionar una fracción específica para que la “Injerencia Sindical” quede expresamente catalogada como falta administrativa grave, crear una sección especial sobre el tema y añadir el artículo 67 Bis, que establecería responsabilidad cuando la persona servidora pública incurra en dichas conductas, ya sea directamente o a través de terceros.
En caso de ser aprobada, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. Las autoridades estatales y municipales tendrían un plazo máximo de 60 días naturales para adecuar sus reglamentos y disposiciones administrativas correspondientes.
Con esta iniciativa, el legislador busca garantizar que la vida sindical en el Estado de México se desarrolle con plena libertad, transparencia y sin interferencias externas.