• El titular presidiría también los periodos ordinarios, extraordinarios y la Diputación Permanente.
Con el fin de que el titular de la presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura mexiquense garantice la continuidad y el seguimiento a las tareas que le corresponde desempeñar, el Grupo Parlamentario de morena propuso que la duración de este cargo sea durante el todo el año del ejercicio constitucional y que el o la titular presida los periodos ordinarios, extraordinarios y la Diputación Permanente que corresponda.
Cabe referir que actualmente cada año de gestión constitucional de la Legislatura mexiquense cuenta con dos periodos de sesiones ordinarias, las cuales son presididas por personas diferentes. El primero de ellos se lleva a cabo del 5 de septiembre al 18 de diciembre y el segundo del 31 de enero al 15 de mayo.
Entre los periodos de sesiones operan dos recesos en los que funciona la Diputación Permanente, que presiden también personas diferentes y en los cuales pueden convocarse periodos extraordinarios de sesiones.
En sesión ordinaria, la diputada Yesica Yanet Hernández Rojas (morena) destacó la importancia de la organización interna del Poder Legislativo, así como que la Presidencia de la Legislatura brinde seguimiento oportuno e informado de los distintos procesos, particularmente, en el proceso legislativo en el que ejecuta la mayoría de las decisiones de la asamblea legislativa.
Además, la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo propone la sustitución de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política por una Secretaría Ejecutiva, a fin de regularizar y dotarla de un marco jurídico, asegurando un mejor desempeño en la consecución de los objetivos institucionales.
También establece adecuaciones al procedimiento de Juicio Político para homologar la normatividad de este Poder con el procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; diversas propuestas orientadas a mejorar la funcionalidad de las comisiones, optimizar los procedimientos administrativos y adaptar las disposiciones internas a las nuevas tecnologías; y que la Contraloría del Poder Legislativo supervise las responsabilidades administrativas de las personas titulares de los órganos internos de control de entes autónomos.