Toluca, Estado de México. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), **Víctor Leopoldo Delgado Pérez**, respaldó la iniciativa impulsada por la diputada Luisa Esmeralda “Meme” Navarro Hernández para fortalecer la prevención, atención y sanción del trabajo infantil en la entidad.
Durante el **Foro Regional: Prevención y Atención del Trabajo en la Niñez y Adolescencia**, realizado en el Congreso mexiquense, Delgado Pérez afirmó que el trabajo infantil constituye una forma de violencia que vulnera la dignidad, interrumpe la educación y afecta el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta contempla reformas a la **Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Educación y el Código Penal del Estado de México**, con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y restitución de derechos.
El titular de la CODHEM señaló que niñas, niños y adolescentes son titulares plenos de derechos, por lo que el Estado debe garantizar su acceso a la educación, salud, juego y una vida libre de violencia. Asimismo, aseguró que el organismo acompañará el proceso legislativo hasta que se traduzca en mecanismos efectivos de protección.
La iniciativa toma como referencia el **Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México 2025-2029 (PROEPINNA)**, que identifica factores como la pobreza, informalidad laboral, rezago educativo y abandono escolar entre las condiciones relacionadas con el trabajo infantil.
El proyecto plantea cuatro ejes principales: **prevención; atención y restitución de derechos; permanencia y reincorporación educativa; y coordinación institucional**. También considera atención médica, psicológica, jurídica y familiar para niñas, niños y adolescentes afectados.
Durante el foro, autoridades estatales destacaron la necesidad de fortalecer la coordinación entre gobiernos, instituciones educativas, familias y sociedad civil para atender esta problemática.
Asimismo, niñas, niños y adolescentes participaron en mesas de trabajo donde compartieron experiencias, identificaron riesgos y formularon propuestas mediante testimonios, dibujos y reflexiones, con el objetivo de incorporar sus voces en las políticas públicas de protección de sus derechos.
Al encuentro asistieron autoridades estatales y municipales, representantes de los sistemas de protección integral, procuradurías municipales, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de la academia.