• La diputada local priísta propuso crear este órgano especializado de orientación y protección a visitantes del Estado de México.
• La iniciativa busca fortalecer la certeza jurídica y la atención al turismo en una entidad donde esta actividad aporta más del 8.2 % del Producto Interno Bruto estatal.
Toluca, Estado de México.
Con la finalidad de contar con una instancia especializada para dar certeza jurídica, atención, mediación y acompañamiento en los incidentes que afectan a excursionistas, visitantes y turistas en la entidad, la diputada del PRI, Lilia Urbina Salazar, planteó crear la Defensoría Estatal del Turista.
La propuesta, dijo que busca reformar la Ley de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal estatal, a fin de establecer un órgano público desconcentrado de la Secretaría de Cultura y Turismo, con facultades de orientación, auxilio, asistencia, asesoría jurídica, conciliación y acompañamiento, cuyos servicios serán gratuitos y con obligación de colaboración por parte de las autoridades competentes.
“Un visitante bien valorado no solo se va con una buena experiencia, se va con una historia que recomienda. Cuando el turista percibe riesgo, cambia su decisión: no viene, no regresa o no recomienda”, reconoció la legisladora.
Lilia Urbina señaló que la Defensoría Estatal del Turista estaría encabezada por una persona defensora general, designada por el Ejecutivo estatal a propuesta de quien dirija la Secretaría de Cultura y Turismo, privilegiando un perfil con formación jurídica y experiencia en materia turística o en la defensa de consumidores.
Asimismo, que su sede se ubicaría en el municipio de Toluca, con la posibilidad de instalar defensorías regionales en destinos estratégicos como Ixtapan de la Sal, Teotihuacán y Valle de Bravo, así como en otros municipios con alta vocación turística, conforme a las necesidades del sector y la disponibilidad presupuestal.
Algunas de sus funciones incluirían brindar orientación, auxilio y asistencia respecto a problemas derivados de la prestación de servicios turísticos; actuar como instancia de conciliación voluntaria para la resolución de conflictos; e implementar programas de difusión sobre derechos, obligaciones, precios y tarifas relacionados con la actividad turística.
También estaría a cargo de mantener un registro de quejas e incidentes para generar estadísticas e informes que permitan identificar zonas de riesgo y problemáticas recurrentes.
Asimismo, las autoridades estarán obligadas a proporcionar a la Defensoría los datos e informes que ésta requiera, con el fin de garantizar el adecuado desempeño de sus funciones.
El documento establece que la persona titular podrá formular y presentar programas de trabajo para la aprobación de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado, recibir quejas o sugerencias relacionadas con la prestación de servicios turísticos, y proponer medidas destinadas a mejorar las actividades de la Defensoría.
De acuerdo con los artículos transitorios, será obligación del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Cultura y Turismo, proveer, en un plazo de 90 días naturales, los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su instalación y funcionamiento, así como expedir su reglamento interno.
La iniciativa se sustenta en la relevancia económica del turismo en la entidad, pues, de acuerdo con cifras oficiales del gobierno estatal, esta actividad representa cerca del 8.2 por ciento del Producto Interno Bruto estatal y registró más de 5.5 millones de personas visitantes en el último año, con una derrama económica superior a 8 mil 600 millones de pesos.