El diputado local, Octavio Martinez Vargas,propuso modificar el Código Penal y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México para sancionar la falsificación de pruebas en procesos penales.
Puntos clave de la iniciativa
1. Sanciones generales por falsificar pruebas:
3 a 8 años de prisión
Multa de 100 a 500 días
Destitución e inhabilitación, si se trata de un funcionario público
2. Agravantes:
Si el delito lo comete un defensor público, la pena aumenta hasta en una mitad adicional.
Si la falsificación deriva en una sentencia condenatoria contra una persona inocente, la pena se duplica.
3. Motivación:
En el Estado de México, se estima que el 45% de las personas en prisión estatal podría ser inocente, por posible fabricación de delitos.
Actualmente, no hay una figura penal autónoma que castigue de forma clara la falsificación de pruebas.
Casos documentados de corrupción, abuso de poder o presión institucional en los que se fabrican pruebas por parte de agentes del Ministerio Público, peritos, policías, defensores o jueces.
Estado actual de la iniciativa: Fue presentada ante el Pleno del Congreso del Estado de México.
Turnada a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y valoración.
Esta iniciativa: Responde a un problema sistémico en el sistema de justicia penal.
Propone penas más severas y diferenciadas, buscando desincentivar la falsificación de pruebas.
Protege los derechos de los imputados, especialmente de los más vulnerables.
Podría tener impacto estructural si se implementa correctamente, especialmente en la reducción de errores judiciales y casos de corrupción.