Toluca, Estado de México. El diputado Octavio Martínez Vargas de morena planteó abrogar la Ley de Indulto estatal —vigente desde el 18 de abril de 2016— y expedir la Ley de Indulto y Justicia Humanitaria del Estado de México, con el propósito de establecer las bases para que la gobernadora pueda otorgar la conmutación de la pena a personas sentenciadas por delitos del fuero común, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 77 de la Carta Magna estatal.
“La Ley de Indulto y Justicia Humanitaria recoge, en buena parte, las impresiones y preocupaciones de colectivos de nuestra entidad, de familiares y de personas privadas de su libertad que están a la espera de que este Poder Legislativo pueda aportar elementos para encontrar una luz a todo el calvario que han cruzado, en los últimos años, durante el tiempo en que sus familiares han estado privados de su libertad de manera injusta”, expresó en tribuna.
El legislador Octavio Martinez Vargas señaló que cuatro de cada 10 personas detenidas presuntamente han sido víctimas de fabricación de delitos, y acerca a casi 40 mil personas se encuentran privadas de la libertad en 22 reclusorios mexiquenses.
Explicó que su propuesta de ley podría beneficiar a personas con trastornos psiquiátricos que han perdido la cordura y no reciben tratamiento médico adecuado, estimándose que son alrededor de 500, así como a aquellas con enfermedades terminales o graves, o que padecen diabetes avanzada o cáncer.
Cabe mencionar que el documento exhibe que la situación penitenciaria del país refleja diversos desafíos estructurales, pues al cierre de 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó 236 mil 773 personas privadas de la libertad en México, de las cuales 63.7 por ciento contaba con sentencia y 36.3 por ciento no. Mientras que el Estado de México fue señalado entre las entidades con 238.8 personas recluidas por cada 100 espacios disponibles.
Asimismo, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 indica que la entidad concentra 35 mil 141 personas privadas de la libertad, lo que la convierte en el sistema penitenciario estatal más grande del país.