Mar. Jun 18th, 2024

*- Deberá presentarse dentro de los dos primeros meses posteriores a la conclusión del año legislativo inmediato anterior

Toluca, Estado de México.- El pleno de la LXI Legislatura aprobó establecer como obligación de las y los diputados rendir a la sociedad un Informe anual de Actividades Legislativas y de Gestión, iniciativa impulsada por el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Max Correa Hernández, a fin de impulsar la transparencia y rendición de cuentas.

El legislador morenista dio lectura al dictamen formulado de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción XV del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, y el inciso k) del artículo 147 BIS del Reglamento del Poder Legislativo.

Tras el estudio y análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto en la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, señalaron que son procedentes las reformas, para establecer como obligación de las y los diputados rendir un Informe anual de actividades legislativas, y de gestión, dentro de los dos primeros meses posteriores a la conclusión del año legislativo inmediato anterior, del cual deberá enviar una copia a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.

Este informe se publicará en la Gaceta Parlamentaria, en esta precisó se podrá publicar los informes anuales sobre la actividad legislativa y de gestión, que presenten las y los diputados.

De acuerdo al análisis y valoración de los Argumentos, acordaron que, la conducta de todo servidor público en ejercicio de su cargo, debe ser supervisada pues está bajo la mirada y escrutinio de la sociedad y debe conducirse con la mayor objetividad pues le corresponde atender la encomienda pública.

Coincidieron en que, es fundamental la asociación entre la democracia representativa y la democracia participativa que permita construir políticas públicas eficaces y dar respuesta a las demandas y necesidades de la población.

Sin duda, uno de los pilares del Estado Democrático es el de la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio público, de tal manera que las acciones gubernamentales y administrativas estén al alcance del público en forma clara, accesible y veraz, y sean conocidas por los gobernantes y permitan valorar su desempeño, se señala en el decreto.

También coincidieron en que, construir un mejor gobierno implica la apertura de su actuación al escrutinio público a través de mecanismos que garanticen a los ciudadanos accesibilidad total al ejercicio de la función pública e impulsen esquemas de corresponsabilidad en la elaboración de políticas públicas encaminadas a la formación de una conducta ética en el funcionamiento administrativo, transparencia en la asignación y el manejo de recursos públicos, así como la rendición de cuentas.