Toluca, Estado de México.-En reunión de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, Planeación y Gasto Público y Finanzas Públicas, presididas por la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer (Morena), las y los legisladores y funcionarios públicos debatieron sobre los pros y contras de la exención de pago de las multas que actualmente corresponden a 6 mil 100 predios que ya están regularizados y para los cuales el Insus no puede asumir el costo de los pagos de las sanciones por no tramitar su escrituración pública en un plazo de 90 días, más dos prórrogas.
Es por ello que diputadas y diputados locales, representantes del gobierno estatal y del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) analizarán alternativas ante la iniciativa del grupo parlamentario del PAN para exentar los pagos por sanciones en el caso de las inscripciones tardías que realiza el Insus ante el Instituto de la Función Registral (IFREM) sobre autorizaciones urbanas emitidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra relacionadas con el plazo de inscripción del acuerdo.
Al respecto, la legisladora Ingrid Schemelensky Castro reconoció que la iniciativa fue parcialmente atendida en el Paquete Fiscal 2023 con adiciones al Código Financiero del Estado de México y Municipios a fin de brindar una tarifa preferente a los actos realizados por el Insus ante el IFREM respecto a la inscripción de documentos o actos relativos a bienes inmuebles siempre y cuando conste que los lotes o fraccionamientos sean para viviendas de interés social, social progresiva o popular, así como tarifas preferentes en la autorización de la expedición de certificados de inscripción de libertad o de existencia de gravámenes, tratándose de actos realizados por el Insus, pero queda pendiente el tema de las multas aplicables al Insus respecto a las inscripciones que realiza ante el IFREM por las autorizaciones urbanas emitidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública.
Y consideraron que las multas no deben eliminarse porque dicha acción implicaría quitar los incentivos para cumplir con la norma; en tanto que Alejandro Hernández compartió que hay mil 294 cartografías sin inscribir en el IFREM que representan un universo de 6 mil 569 lotes, de los cuales 6 mil 100 ya están regularizados y con trámites pagados por la ciudadanía pero no se pueden convertir en una escritura pública porque no el Insus no puede afrontar el costo de las multas.