Las imágenes, relatos y celebraciones difundidas tras la «caída» y captura de Nicolás Maduro han inundado redes sociales y algunos espacios informativos con una narrativa triunfalista: bombardeos nocturnos, apagones en Caracas, una operación militar denominada “Martillo de Medianoche” y un presidente venezolano esposado en Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores acusados de terrorismo por autoridades estadounidenses. El relato es potente, cinematográfico y diseñado para no dejar dudas. Pero precisamente por eso exige cautela.
De acuerdo con estas versiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría ordenado una incursión militar directa en Venezuela, neutralizando bases estratégicas, interviniendo el sistema eléctrico del país y capturando al mandatario bajo el argumento de combatir el narcotráfico y desmantelar el llamado “Cártel de los Soles”. El propio Trump, según se afirma, no solo celebró el éxito de la operación, sino que anunció que Estados Unidos “gobernará el país hasta una transición segura”.
De confirmarse, el mundo estaría ante uno de los episodios más graves de intervención armada unilateral del siglo XXI. No se trataría únicamente del derrocamiento de un gobierno autoritario, sino de la ocupación de facto de un Estado soberano por una potencia extranjera, al margen de organismos multilaterales y del derecho internacional. La frontera entre justicia internacional y la ley del más fuerte quedaría peligrosamente diluida.
Pero incluso si estas versiones resultan ser exageradas, manipuladas o falsas —como ha ocurrido en otros episodios recientes de desinformación geopolítica— el daño ya está hecho. La propaganda bélica opera también cuando instala la idea de que la fuerza militar es un mecanismo legítimo, rápido y celebrable para “resolver” crisis políticas complejas.
La glorificación de la operación, de la supuesta ausencia de bajas estadounidenses y del poderío militar sin contrapesos refuerza una narrativa donde no existen civiles, consecuencias humanitarias ni efectos regionales. Venezuela aparece solo como un tablero; su población, como espectadora pasiva de una “liberación” ejecutada desde el extranjero.
La proclamación de figuras opositoras listas para asumir el poder añade otro elemento delicado: la idea de legitimidad importada. La democracia no puede construirse sobre misiles ni sobre comunicados militares, por más repudiado que sea un régimen. Sin instituciones sólidas, sin procesos internos y sin respeto a la soberanía, cualquier transición corre el riesgo de nacer viciada.
Como recordó Andrés Manuel López Obrador en su pronunciamiento, retomando una de las máximas más vigentes de la política exterior latinoamericana: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Esa frase no defiende dictaduras; defiende principios. Y sin principios, el orden internacional se convierte en una selva donde manda quien tiene más poder de fuego.
Hoy, entre celebraciones, videos virales y discursos incendiarios, la pregunta de fondo sigue abierta: ¿estamos presenciando el fin de una dictadura o el inicio de una era donde la intervención militar se normaliza como espectáculo y herramienta política? En ambos escenarios, el precedente es inquietante. Porque cuando la ley se subordina a la fuerza, ningún país está realmente a salvo.