Toluca, Estado de México. La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad la iniciativa del diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario de Morena, para sancionar con hasta 24 años de prisión a quienes provoquen de manera intencional un accidente vial con el propósito de obtener un beneficio económico indebido, conducta conocida popularmente como de los “montachoques”.
El dictamen aprobado establece una pena de hasta 12 años de prisión y mil 500 días de multa para quienes incurran en este delito. Asimismo, contempla un agravante que duplica la sanción —hasta 24 años de cárcel y 3 mil días multa— cuando las víctimas sean personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres o en situación de vulnerabilidad.
Durante la sesión presidida por la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), el legislador Octavio Martínez destacó la urgencia de tipificar esta conducta delictiva, ya que tan solo en el municipio de Ecatepec se registran entre 10 y 15 casos diarios, con pérdidas promedio de 10 mil pesos por incidente.
El diputado Octavio Martínez subrayó que el Estado de México sería la primera entidad del país en legislar específicamente contra esta modalidad de fraude, la cual —dijo— surgió en Ecatepec durante administraciones anteriores, se expandió a municipios colindantes y posteriormente a la Ciudad de México.
Martínez Vargas recordó también que, tras la presentación de su iniciativa, en la Cámara de Diputados federal el legislador Emilio Manzanilla Téllez (PT) propuso una medida similar para sancionar el fraude por colisión vehicular, con penas de hasta ocho años de prisión, lo que refuerza la relevancia de atender este fenómeno desde el ámbito estatal.
En otro tema, el diputado cuestionó el desempeño del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, ante los recientes bloqueos realizados por transportistas de agua en distintos municipios mexiquenses.
Señaló que, pese al operativo en el que se intervinieron 189 inmuebles y se aseguraron 322 pipas presuntamente vinculadas con la extracción y venta ilegal de agua en 48 municipios, no se ha detenido ni procesado a los líderes responsables ni se ha confiscado dinero relacionado con estas actividades ilícitas.
Finalmente, advirtió que dicha situación ha provocado afectaciones en la movilidad y en el suministro de agua para reclusorios, hospitales, centros de salud, escuelas, mercados públicos, empresas e industrias de la entidad.